DAYALic. Dayana Cruz Vega
Problema Agrario: Estos han sido dos términos muy polémicos a lo largo de los años, se define como la desigual distribución de la tierra entre la población rural, además del conjunto de condiciones, relaciones y contradicciones socioeconómicas y políticas que caracterizan la estructura y funcionamiento del sector agrario. Este problema ha tenido una insistente presencia dentro del
pensamiento político jurídico cubano aun cuando fue una de las primeras directrices de trabajo luego del triunfo revolucionario.
Las Leyes de Reforma Agraria adquirieron un rango constitucional que mantuvieron hasta la entrada en vigor de la Constitución de 1976.
En materia agraria existen cuerpos legales como la Resolución 288/90 que establece el reglamento para el funcionamiento del registro de la tenencia de la tierra, la ley número 36 de cooperativas agropecuarias derogada por la Ley 95/2002, entre otras que han visto la luz en los últimos años como el Decreto Ley 259 con el que se afianza la entrega de tierras en usufructo para ser puestas a producir y el 300 que modifica la extensión de tierras que el anterior permitía entregar. Todas a pesar de estar encaminadas a la mejoría de las condiciones de vida y de trabajo del sector campesino y a la mayor productividad de la tierra como única vía para sustituir las importaciones, no han cumplido su objetivo.
En este sentido es necesario destacar que la dispersión legislativa, el desconocimiento jurídico de los campesinos en relación a sus dechos y el proceso de la Contabilidad en los diversos sectores y cooperativas, han influido en la producción y productividad, a pesar de tener suficientes cuadros preparados para esta función; y  tan importante como lo anterior, dándose casos de violación de Principios de Contabilidad generalmente aceptados, violación al Sistema de Control Interno, todo lo cual ha propiciado la comisión de delitos económicos cada vez más frecuentes.
Todo esto nos pone en un punto en el que podemos concluir que el problema de la tierra está ávido de soluciones objetivas que posean el respaldo legal necesario para hacer de la agricultura, nuestra principal fuente de ingresos, y no por el contrario, se ha convertido en un sector improductivo e incapaz de satisfacer las necesidades alimenticias y económicas inmediatas.